Con el aval de dos ministros kirchneristas, un gremio reclama un aporte inédito El sindicato ATILRA les inició un juicio millonario que las podría llevar a la quiebra. El “aporte solidario” que las empresas lácteas deben pagar al sindicato del sector, ATILRA, se ha convertido en el centro de una batalla judicial inmensa.
Varias decenas de Pymes del interior denuncian que corren peligro de cierre si prosperan los juicios iniciados por el gremio liderado por el dirigente kirchnerista Héctor Ponce para cobrarles deudas atrasadas. Un grupo de ellas ha pedido incluso que se declare la inconstitucionalidad de ese aporte obligatorio. ATILRA agrupa a unos 27.000 trabajadores que cobran salarios cercanos a 18.000 pesos.
Además de los aportes patronales que marca la ley, y cualquiera sea su tamaño, desde 2009 las lácteas deben depositar cada mes en la cuenta del sindicato un aporte que ronda 1.700 pesos (cerca de 10% del salario) por empleado. En total, el gremio debería recaudar anualmente unos 550 millones de pesos. “Hay muchas empresas chicas que no están pagando ese aporte. A las Pymes les resulta imposible porque no les dan los márgenes.
Además, ese dinero no va al trabajador y ni siquiera se queda en el sindicato local, sino que va al gremio nacional, que usa el dinero sin rendir cuentas ”, dijo el abogado de varias empresas que han decidido dar batalla judicial a ATILRA, luego de recibir intimaciones millonarias por parte del gremio. Los casos de Pymes que se rebelan ante el sindicato de Ponce son varios. Uno de ellos es el de la Cooperativa de Castelli, que genera 43 empleos en una localidad de 6.800 personas.
El gremio le reclama 3,2 millones de pesos, pero la empresa contraatacó judicialmente y logró parar por el momento la ejecución de sus bienes. En territorio bonaerense ATILRA inició demandas contra 20 fábricas. En Santa Fe y Córdoba son otras tantas. Muchas Pymes de este último grupo se presentaron en el Juzgado Nacional del Trabajo 75, en la ciudad de Buenos Aires, reclamando que se declare la “inconstitucionalidad” de ese aporte.
El recurso no solo apunta contra ATILRA sino también contra el Ministerio de Trabajo, al que acusan de avalar un convenio colectivo que “atenta contra el orden público”. Ponce, que comanda el gremio desde 2002 y siete años después logró ese aporte patronal, tiene buena llegada al titular de la cartera laboral, Carlos Tomada, y a su par de Agricultura, Carlos Casamiquela. En varias ocasiones, además, terció a favor de Arturo Videla, el subsecretario nacional de Lechería.
“Acá nadie le puso la pistola en la cabeza a nadie”, aclaró Alberto Coronel, asesor jurídico de ATILRA, que defendió la legalidad del aporte y recordó que fue acordado con todo el sector empresario en negociaciones paritarias, ya que “el gremio tiene una serie de proyectos educativos y de salud muy importantes”.
También argumentó que son pocas las empresas que no pudieron pagarlo y que a ellas “les dijimos que íbamos a atender los problemas y le damos financiación con plazo de gracia, sin intereses ni costos administrativos, cuando se avienen a negociar”. www.clarin.com
