En su paso por Rafaela, el subsecretario de Lechería de la Nación, Jorge Videla se refirió a los entredichos de la semana anterior respecto de la capacidad de proceso de las industrias lácteas, para el secado de leche en polvo. La información que levantaron algunos medios sobre la saturación, surgida de un supuesto informe interno del Centro de la Industria Lechera, que terminó desmentido por un comunicado institucional y esto abrió las críticas. “El CIL tiene contradicciones, esas son las cuestiones que confunden a los productores y la toma de decisiones.
Entendemos no va a haber nunca el escenario que se está planteando y que va a ser suficiente la capacidad instalada”, sostenía el martes el funcionario en la puerta del Nodo Rafaela, mientras remarcaba, “estamos tratando de poner blanco sobre negro, respecto a cuáles son los actores que han estado detrás de la estrategia de sobreofertar el mercado interno, de la baja anticipada de precios, para saber quién es quién en la lechería argentina”.
Existe una intención de blanqueo sectorial que puede determinar la clarificación de muchas circunstancias, entre las que Videla incluye, “hay muchas instancias que resolver entre la producción y la industria, que hablan de la transparencia, de la comercialización, del precio, de las formas de pago, pero también hay muchas instancias que el sector de la producción tiene que trabajar con sus gobiernos provinciales, así como con el nacional. Siempre priorizando la articulación y la realidad del sector”.
En esto se puede relacionar el pedido de audiencia que cursara hace más de un mes la Mesa Nacional de Productores de Leche. Otorgada para el 18 de agosto y cancelada en ese momento por un problema de agenda del Ministro Domínguez, ahora se conoce que en realidad la condición era que los productores lleguen al encuentro con una lista de puntos a modo de propuesta, que supuestamente se había hecho en ese momento, pero que la semana anterior se le entregó al mismo Videla, consignando solamente la mayor cantidad de materia prima disponible y la intención de redireccionar la producción y su comercio, lo cual vuelve a abrir una brecha importante de posiciones entre dos de los tres actores principales de la cadena, como son los tamberos y el Gobierno.
“Los productores entienden que el Estado tiene que jugar un rol de árbitro, que la producción y la industria tienen que mejorar las relaciones de transparencia, pero que también tienen que trabajar en un plan que tiene que mejorar la comercialización.
Si bien siempre fue responsabilidad de la industria, tienen que accionar juntos para que se logre una mayor transparencia”, remarcó el funcionario, analizando la situación vigente, donde comienza a mencionar una de las principales problemáticas, “es inaceptable lo que está pasando en la industria argentina, con los márgenes que tiene el sector intermediario, el supermercadismo, con los precios que se encuentran en góndola y cómo repercute ese nivel de distorsiones en toda la cadena, incluyendo a productores y trabajadores”, lo que habla de un reconocimiento a conciencia de la falta de control en la fase intermedia entre la producción y el procesamiento, hasta el consumo final.
Videla sostuvo que a pesar de toda la coyuntura, “el sector lácteo argentino tiene una oportunidad única, pero necesita contar con herramientas; y desde lo público queremos provocar que los productores y la industria den consenso a esas herramientas, desde el financiamiento, de la creación de un ente público-privado, con una estrategia de permanencia en los mercados de exportación y no como está dado hoy, que lo hacen algunas empresas en función del valor de los commodities”.
SAN JUAN
Sobre la situación pendiente de Lácteos San Juan, de Ramona, cerrada hace tres años, Videla comentó que “esta es una industria de un empresario que la desfinanció, jugó impositivamente y hoy tiene tres establecimientos lecheros propios, además de un nivel de actividad social que sorprende”, explicó Videla mientras que incurre en un error al sostener que “los mismos productores y sus vecinos no le reclamaron al empresario, no fueron por la deuda que tenían por la remisión de leche, pero le pidieron al Gobierno Nacional para que arbitráramos los medios para que ellos pudieran salir de la situación de ahogo que les generaron los meses de liquidación de leche que les quedaron dentro de la empresa”.
Lo cierto es que el proceso de intervención lo inició la provincia de Santa Fe y con la asunción en el Gobierno Nacional de María del Carmen Alarcón, fue ella quien derivó el tema sin volver a retomarlo, quedando finalmente en manos de la Subsecretaría.
En definitiva, “nosotros intervenimos para articular entre los trabajadores y los productores, con la finalidad que la planta vuelva a funcionar, pero ninguno de los productores se comprometió a volver con la leche, por lo cual eso condicionaba que los trabajadores pudieran volver a la empresa”. Lo que añade el funcionario es que “el primer acreedor de esta firma son los trabajadores, con más de 1,2 millones de pesos.
Los productores, que aducían que se necesitaba más de un millón de pesos para facturación de los últimos seis meses, para armar un legajo que me autorice a pedir los fondos para cubrir la realidad de los productores y de los trabajadores, viendo qué formato le podíamos dar a la empresa, solamente dos productores me acercaron algunas liquidaciones. Sobre esa realidad es muy difícil resolver una situación tan crítica”. Sin embargo, “los productores hoy son remitentes de otras industrias, su situación ha cambiado, pero siguen teniendo el derecho de seguir exigiéndole al propietario lo que les debe”.
